LA SENTENCIA 2

Cuando el juez ha formado su opinión en relación con el asunto debatido, emite la sentencia. También en  el procedimiento formulario, el juez  puede  abstenerse de juzgar, si no se ha formado una idea clara acerca del asunto litigioso.
En  el procedimiento  formulario el juez  debe  guardar  estricta fidelidad a  la fórmula, puesto que esta contiene todas las instrucciones que el magistrado le ha dado

para juzgar. De este principio se deduce que el juez no está capacitado para corregir las posibles inadecuaciones o errores de la fórmula, por ello:
-     Si el demandante hubiese reclamado más de lo realmente debido el juez habría de absolver al demandado. El demandante habría consumido su acción en el acto de la litis contestatio y no podría volver a ejercitarla. Los casos de petición excesiva o pluris petitio pueden referirse a: la cosa misma; al tiempo cuando se reclaman antes del tiempo debido; al lugar cuando se reclama en sitio diferente a aquel en que debía hacerse; a la causa cuando en las obligaciones alternativas el acreedor responde al deudor la elección del objeto para dar cumplimiento a la obligación; o si habiendo estipulado un género pide luego una especie.
-     Es lícito pedir menos de lo debido, aunque no se permite litigar por el resto durante el mismo período de pretura.
-     La sentencia es la verdad para las partes, puesto que libremente se han sometido a la acción del juez.
-     El asunto debatido en el litigio ahora es cosa juzgada. Si el demandante quisiera entablar un nuevo litigio sobre el mismo asunto, el demandado puede oponer siempre la excepción de cosa juzgada.
-     Cuando  la fórmula contiene  una  adiudicatio supuesto  que  concierne a las
acciones divisorias-, la sentencia crea o constituye los nuevos derechos de las partes adjudicadas y se denomina constitutiva. El resto de las sentencias son declarativas: condenan o absuelven. Si condenan, contienen una pena pecuniaria. El juez  se  atendrá  al tipo  de  condemnatio  que  le haya  sido  fijado  por  el magistrado en la fórmula: con tasa o límite máximo, sin tasa alguna, referida a alguna medida, o concediendo al demandado la posibilidad de restituir.
En el procedimiento formulario las sentencias son inapelables y no son objeto de conocimiento y decisión ante un juez superior.

Ejecución de la sentencia


Los litigantes están obligados a cumplir la sentencia; en caso de no hacerlo debe
ser cumplida en contra de la voluntad del demandado y condenado. En el procedimiento formulario la sentencia es personal; en principio se puede solicitar la actio iuducati, tanto si se trata de acciones in personam o in rem. La actio iudicati es concedida por el pretor contra el condenado y el confessus. El demandante debía solicitarla en el término de treinta días, contados a partir de haber sido pronunciada la sentencia.
Si el demandado se opone a la actio iudicati, porque niega la deuda reconocida o por oponer alguna exceptio, se tramita un nuevo proceso cuya pérdida le condenaría al doble.
La ejecución patrimonial se dirige contra todo el patrimonio del ejecutado; se trata de una forma de ejecución general, aunque la suma de la condena sea notoriamente interior al valor del patrimonio.
El pretor  decreta que  el acreedor  es  puesto  en  posesión  de  los  bienes  del
ejecutado.  Este  decreto  se  publicaba  para  poner  en  conocimiento  de  los  posibles acreedores del ejecutado, la ejecución patrimonial a que estaba sometido.
Una figura decisiva en  la ejecución  patrimonial     es  el magíster  bonorum  o especie de síndico. Su misión consiste en  redactar la lex bonorum vendedorum, que contiene las condiciones de venta de los bienes. Una vez aprobada por el pretor, se fijaba en lugares públicos. El patrimonio se vendía en subasta pública y el magíster bonorum adjudicaba los bienes al mejor postor. El que lo había comprado debía pagar a los acreedores, en primer lugar a los hipotecarios. Por ello, se entiende por mejor postor

aquel que estaba dispuesto a pagar a los acreedores el porcentaje más elevado de sus créditos.
El comprador  es considerado  como  un  sucesor del ejecutado,  y el pretor le concede un interdicto para reclamar las cosas del deudor.
El pretor concede al bonorum emptor comprador dos acciones:
-     Si el ejecutado vive: la acción rutiliana.
-     Si el ejecutado ha fallecido: la acción serviana.
Ambas acciones sirven para reclamar los créditos que el ejecutado tuviera, pero se diferencian en la fórmula. La acción rutiliana la tiene con transposición de sujetos: como el ejecutado vive no ha inconveniente en que su nombre figure en la intentio expresando su pretensión, pero en la condemnatio figura el nombre del bonorum emptor
comprador- para que resulte favorecido por la sentencia. La acción serviana tiene una fórmula  ficticia, porque  el  bonorum  emptor  figura  “como  si  fuera  heredero del embargado fallecido.
El deudor al que se le embargue, que incurre en la infamia, goza, sin embargo, del beneficium competentiae durante un año, respecto de las deudas y los acreedores que no hubiesen concurrido ala venditio bonorum. El beneficium competentiae consiste en una condemnatio según las posibilidades del deudor.  Pero si hubiese vendido bienes con  objeto  de defraudar a los acreedores, el pretor tiene la venta por no  realizada, concediendo un interdictum fraudatorium, destinado a la recuperación de la posesión de los bienes vendidos (esta acción se mantiene en el derecho contemporáneo español, con la misma finalidad, la impugnación de los negocios realizados en fraude de acreedores).

La distractio bonorum


La venta de los bienes por partes, o distractio bonorum, está destinada al pago de
los  acreedores  evitando  los  perjuicios  de  una  venta  del  patrimonio  total.  Este procedimiento evitaba a su vez la missio in bona y la nota de infamia.

La cesio bonorum
Una ley de César o de Augusto introdujo la posiblidad de que cediera los bienes del deudor (cessio bonorum)  que se encontraba en una situación de insolvencia sin culpa. Esta cesión evitaba el procedimiento perjudicial de la venditio bonorum,  así como la nota de infamia. Es el deudor quien debe solicitar la cesio bonorum.
El pretor decretaba la missio in bona, ya que una cessio bonorum  extrajudicial no era factible. Otro importante beneficio favorecía al insolvente sin culpa que hiciera cesión de sus bienes: si los acreedores no hubieran cobrado la integridad de sus créditos y  reclamasen  de  nuevo  al  deudor,  este  se  encontraría  asistido  del  beneficium competentiae por tiempo indefinido para poder hacer frente a sus deudas.