DERECHO

Naturaleza jurídica de la sumisión = Habilitación.

Consecuencias:

Necesita una reforma posterior a su otorgamiento.

Se ejercita frente a la generalidad.

Pervive a su ejercicio.

Se impone por sí misma.

Atribución Expresa: tiene que estar contenida.

Atribución Específica: determina el contenido.

Por su contenido (Muy amplia y Modificable).

Potestad Reglamentaria: de mayor relieve.

Potestad de Planificación: se engloba en la anterior en cuanto se aprueben por reglamentos.

Potestad Organizatoria.

Potestad Tributaria.

Potestad Sancionadora.

Potestad Expropiatoria.

Potestad de Ejecución Forzosa.

Potestad de Coacción.

Potestad de Investigación, Deslinde y Recuperación de oficio de sus bienes.

Potestad de Revisión de Oficio de los Actos Administrativos.

Por su incidencia en el Ordenamiento Jurídico:

Innovativas: se aprueba, modifica o deroga las normas administrativas forzosa, alterando el sistema normativo anterior.

No Innovativas:

Certificaciones: se limitan a dar constancia fehaciente de una realidad jurídica ya producida.

Por su precio de distribución. Por incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos:

Supremacía Política o General: donde el administrado tiene frente a la Administración todas las garantías plenas que se deducen del marco de derechos que le otorgan la Constitución y las Leyes.

Supremacía Especial: en las que el administrado se encuentra frente a la Administración en una situación de especial dependencia que permite a la Administración títulos de intervención más amplios en su esfera jurídica, para la más adecuada prestación o ejercicio de una actividad o servicio.

Por la forma de atribución de la potestad:

Expresa: figuran de forma explícita en la norma.

Implícita: se deducen de los fines que dicha norma atribuye.

Específicas: son potestades que delimitan los objetivos para los qie se otorgan.

Por Cláusulas Generales: los poderes de la Administración abarcan una amplia serie de cometidos enunciados en la norma.

Regladas: las que tienen absolutamente predeterminado en la norma todos los elementos de la potestad, y el margen de valoración por la propia Administración es nulo.

Discrecionales: las que permiten en su aplicación un cierto margen de apreciación valorativa a la Administración en su ejercicio.

Desviación de Poder: esta técnica de control supone la fiscalización más penetrante al considerar las verdaderas intenciones del Poder al ejercer las potestades.

Control de los hechos determinantes: permite la comprobación de la efectiva concurrencia del supuesto de hecho establecido por la norma para el ejercicio de la potestad y en función del cual se atribuye la potestad a la Administración.

Interdicción de la Arbitrariedad: se recoge en el art. 9.3 CE y supone la ilegalidad de toda actuación administrativa que se base en el arbitrio de la Autoridad que la dicta. La actividad administrativa debe ser siempre racional, coherente y orientada a la satisfacción de un interés público. Cuando no ocurre, la actuación se califica de arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico.

Sumisión a los Principios Generales del Derecho: como estos principios son fuentes del Derecho Administrativo es evidente que toda la acción administrativa queda vinculada por ellos.

Ejecutividad: es la cualidad del acto administrativo de producir todos sus efectos desde el momento en que se dictan. La única excepción a la ejecutividad son las resoluciones sancionadoras, que solo son ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa.

Ejecutoriedad: es la posibilidad de que los actos puedan ser ejecutados de forma forzosa. Se entiende por ejecutoriedad la potestad que tiene la Administración para ejecutar forzosamente sus actos, sin necesidad de recurrir a los Tribunales para ello.

Investigación, Deslinde y Recuperación de oficio de los bienes de que fuera poseída, dentro del plazo de 1 año, si los bienes son de naturaleza patrimonial.

Inembargabilidad de bienes y derechos: el TC ha establecido que si en ejecución de sentencias contra la Administración no se cumple, cabe arbitrar las medidas previstas para la ejecución de sentencias en la LEC, y el embargo de cuentas bancarias. La Sentencia 166/1998 declara que la inembargabilidad solo alcanza a los bienes de dominio público y comunales, y ha declarado inconstitucional el inciso del art. 154.2 LHL, que extiende el privilegio a los bienes patrimoniales.

Desahucio administrativo, que supone la posibilidad de desahuciar a los ocupantes sin título válido o extinguido de sus bienes.

Prelación para el cobro de créditos de la Hacienda Pública y prohibición de compensación de créditos con las deudas de la Administración.

Privilegio Solve et Repete, que implica la obligación de pagar la deuda antes de interponer el recurso que proceda. Este privilegio surgió en el ámbito tributario, para garantizar el cobro inmediato de los impuestos y no poner en peligro la recaudación de los mismos. Pero la legislación preconstitucional lo extiende a toda deuda líquida, tributario o no.

Necesidad de interponer un previo recurso ante la Administración, que será quién lo resuelva antes de acudir a los Tribunales.

Imposibilidad de interponer edictos contra la actuación formalmente correcta de la Administración. La excepción la constituye la “vía de hecho”, que supone una actividad material de la Administración que se ejecuta sin título jurídico que la ampare.

Ejecución de sentencias por la Administración en los procesos contencioso-administrativo. Privilegio que está en contradicción con el art. 117.3 CE y que ha sido objeto de reforma.