DERECHO

Se ha afirmado constantemente, y no sin razón, que el gobierno de México es presidencialista, en el sentido de que el Ejecutivo Federal o, mejor dicho, el individuo que periódicamente lo personifica cada seis años, ejerce una notable hegemonía sobre los otros dos poderes federales. Se ha sostenido, inclusive, que nuestro país soporta durante dicho lapso una dictadura presidencial, análoga a la que se ejercía por los reyes y emperadores en los regímenes monárquicos absolutos.

Tales aseveraciones, y otras muchas que se pudieren recordar en torno a la misma cuestión, son parcialmente verdaderas y, por ende, parcialmente falsas. En el ámbito de la- realidad política mexicana es cierto que el Presidente de la República ocupa una situación que linda con la autocracia. Sin embargo, conforme a nuestro sistema constitucional, esta consideración carece totalmente de certeza. El presidente-dictador es producto de inveterados vicios de la política nacional o, mejor dicho, de los políticos mexicanos. En el capítulo precedente de esta obra manifestamos que de acuerdo con sus facultades constitucionales, el Congreso de la Unión y las dos Cámaras que lo integran ejercen un indiscutible control sobre las actividades presidenciales, principalmente las que se desempeñan en el terreno económico a través de todos los funcionarios que componen la administración pública del Estado y que intervienen en los múltiples organismos paraestatales que existen en nuestro país. Además, y en el ámbito jurisdiccional, los tribunales federales, mediante el conocimiento que les incumbe en materia de amparo, controlan los actos del Presidente y de todas las autoridades administrativas del Estado desde el punto de vista constitucional, anulándolos en los casos en que transgredan los mandamientos de la Ley Fundamental de México.

Nadie puede negar, con vista a lo que se acaba de expresar, que en la órbita jurídica el Presidente está sometido al control legislativo y al control judicial, el cual sí se ejerce en la realidad. Si el control legislativo no se desempeña en el mundo de la facticidad política de nuestro país, no es por deficiencias de nuestra Constitución, sino porque, generalmente, los diputados y senadores no cumplen con el deber que este ordenamiento supremo les impone. Esta situación de hecho obedece a diferentes factores inherentes a la estructura política y humana, no de derecho, de México, los cuales a su vez reconocen como causa primordial la falta de vida democrática plena de nuestro país, que afortunadamente se ha venido superando en los últimos tiempos.

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Es interesante recordar que el tratadista Jorge Carpizo con todo acierto señala las causas que denomina "facultades metaconstitucionales del presidente", que determinan la hegemonía de este alto funcionario en todos los aspectos de la política y de la economía mexicana, afirmando al respecto que: "Las causas del predominio del presidente mexicano son: a) es el jefe del partido predominante; b) el debilitamiento del poder legislativo; e) la integración, en buena parte, de la suprema Corte de Justicia; d) su marcada influencia en la economía; e) la institucionalización del Ejército, cuyos jefes dependen de él; f) la fuerte influencia sobre la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto de los medios masivos de comunicación; g) la concentración de recursos económicos en la Federación, específicamente en el Ejecutivo; h) las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales; i) la determinación de todos los aspect9Sinternacionales en los cuales interviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el Senado; j) el gobierno directo de la región más importante y, con mucho, del país, como lo es el Distrito Federal y k) un elemento sicológico: ya que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.

"Las razones por las cuales el presidente ha logrado subordinar al poder legislativo y a sus miembros son principalmente las siguientes: a) la gran mayoría de los legisladores pertenecen al PRI, del cual el presidente es el jefe, y a través de la disciplina del partido, aprueban las medidas que el Ejecutivo desea; b) si se rebelan, lo más probable es que estén terminando con su carrera política, ya que el presidente es el gran dispensador de los principales cargos y puestos en la administración pública, en el sector paraestatal, en los de elección popular y en el poder judicial; e) por agradecimiento, ya que saben que le deben el sitial; d) además del sueldo, existen otras prestaciones económicas que dependen del líder del control político, y e) la aceptación de que el Poder Legislativo sigue los dictados del Ejecutivo, lo cual es la actitud más cómoda y la de menor esfuerzo."

Una costumbre política, que ya tiene varios lustros de observarse sin interrupción, consiste en que el presidente en turno designe a su sucesor. Se suele afirmar que esta designación, propia de una monarquía hereditaria, desvirtúa el régimen democrático diseñado por la Constitución. Esta afirmación no es absolutamente veraz, sino condicionadamente cierta. La persona del presidente, no el órgano del Estado que encarna, es simultáneamente "jefe" del partido predominante, como lo observa Carpizo. Ambas calidades auspician el hecho de que de la voluntad presidencial emane el candidato de dicho partido a la presidencia de la República. En el señalamiento de su sucesor, el presidente no obra caprichosamente, pues su decisión obedece a una previa auscultación sobre múltiples factores que concurran en la personalidad del escogido y en el entorno político en que éste se mueve. Por otra parte, no es verdad que siempre y en todo caso el candidato del partido predominante fatalmente sea electo presidente, ya que los otros partidos políticos nacionales tienen el derecho de postular sus candidatos, existiendo la posibilidad de que a favor de alguno de ellos se manifieste la voluntad popular mayoritaria en los comicios respectivos. Si tal posibilidad

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no se ha actualizado en nuestra realidad política es porque dichos partidos, llamados "de oposición", no han arraigado suficientemente en la conciencia ciudadana para contrarrestar la influencia que en ella ejerce el partido predominante u "oficial". Es verdad que esa influencia se crea y mantiene con una profusa y muy costosa propaganda cuya solvencia proviene del erario nacional, privilegio del que no gozan los demás partidos políticos; pero también es cierto que gracias a esta situación, que pudiera antojarse antidemocrática, México ha conservado su estabilidad política y evitado la anarquía y la violencia que en otros países de incipiente democracia han sembrado incertidumbre, zozobra y temor.

Es muy importante advertir que lo que se entiende por "presidencialismo" en México implica un verdadero "sistema" integrado por diferentes reglas de juego político consuetudinarias. No están, ni pueden estarlo, escritas en ningún ordenamiento jurídico. Su aprendizaje, de suyo difícil, sólo se obtiene experimentando activamente la .política mexicana, lo que abarca muchos años de práctica. La observancia de esas reglas consuetudinarias es lo que caracteriza a nuestro presidencialismo. Su cumplimiento, en el caso de las elecciones populares, se arropa con el acatamiento de las normas jurídicas formales insertas en la Constitución y en la legislación ordinaria sobre la materia. Aristotélicamente hablando, dichas reglas del juego político implican la sustancia de nuestra vida política y las normas de derecho su forma. Por ello, consideramos que el sistema político mexicano en su sola dimensión de facticidad, como fuente de tales reglas, sí es presidencialista, sin que este carácter lo ostente dentro de nuestro sistema jurídico constitucional, en el que el presidente de la República, como todo funcionario, está subordinado al imperio del derecho.